Así lo afirmó en declaraciones a medios de comunicación el procurador judicial del exmandatario, Christophe Marchand, quien se refirió a la posible extradición de Correa, por su vinculación legal al caso de presunto secuestro del exlegislador Fernando Balda, ocurrido en 2012, en Colombia.
Según explicó el abogado, después de conocer de la orden de detención, solicitada por Quito, su equipo envió a la sede de la Policía Internacional (Interpol) en Francia, documentos para intentar frenar la demanda.
“Esto es un caso que no ocurre mucho. Normalmente, a nivel internacional, Interpol recibe la demanda y la ejecuta. Aquí no, porque hay razones muy importantes”, afirmó.
Ecuador es un estado de derecho con una constitución muy fuerte y un código penal muy moderno (...) pero ahora se ve como un cambio, como un tipo de golpe de estado blando; advirtió.
Al respecto, añadió que, como abogado, ve muchos problemas a nivel de derechos fundamentales y se pregunta cuándo los jueces van a reaccionar y hasta cuando aguantarán las presiones.
Por otra parte, Marchand se refirió a acciones ante entes como la Organización de las Naciones Unidas, a la cual pidieron designar un relator especial para hacer una investigación y pedir a Ecuador información sobre lo que consideran violación de los derechos fundamentales.
Previo al anuncio de la fiscalía de este país sudamericano, de solicitar a Interpol la difusión de alerta roja contra Correa, en julio pasado, el defensor del expresidente en Bélgica insiste en que el proceso en su contra está plagado de irregularidades y violaciones.
A su juicio, la orden de la jueza Daniella Camacho de que Correa, quien reside en el país europeo desde hace más de un año, de presentarse cada 15 días ante la Corte nacional de Justicia, buscaba el incumplimiento de la misma para poder acudir a medidas como la petición a Interpol.
El exjefe de estado es uno de los procesados en el caso Balda, reabierto seis años después del presunto secuestro del exlegislador, quien era solicitado por la justicia ecuatoriana que lo condenó a dos años de prisión por injurias.
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